Un poco tarde pero vale la intencion, tal como dice la imagen y el titulos, es un taller que durará aproximadamente 4 meses para la Formacion de Funcionarios Politicos. Interesados por beca o inscripcion enviar mail a funcionariojoven@hotmail.com.ar

Se trata de la 1° Jornada de Informatica Legal a ralizarse en el Colegio de Abogados (San Salvador de Jujuy), el viernes 17 y sabado 18 de Junio.

Precio desde los $126 hasta los $220 ver folleto adjunto.

Se realizarán ponencias en materia de informática legal aplicadas tanto a los sectores públicos, organismos públicos y sector privado, con reconocidos profesionales en la materia y exposición de casos de éxito en nuestro país. Las exposiciones se organizaran con la idea de una charla informal donde el auditorio pueda interactuar de manera ágil y dinámica con los expositores.

El principal objetivo de la misma será brindar una visión global del estado de la Legislación Informática en la Argentina en cuanto a su regulación, iniciativas de investigación, tecnología y formación de especialistas.

Mas informacion: Web Oficial

Buscando información para postear (en realidad viendo quien esta primero con la keyword Palpala) me di con este diario, Diario Palpalá.

Interesante propuesta, en mis grandes tiempos de blogger no existía.

Ojala que tengan éxito, la ciudad se merece un diario online como la gente

De paso, si algun escritor del diario ve esto, mi blog esta abierto para el intercambio de links

Extraje tal cual lo escrito en GeeKeados, ya que hubiera escrito lo mismo

Bueno gente, yo jure, y reconcra jure que no iba a postear algo relacionado con la política, para no causar polémica. Pero esto es necesario informar, y yo como Geek de clase media, tengo que opinar porque sinceramente las palabras de nuestra presidente son preocupantes.

Citando a Terra:

La mandataria advirtió que el país importó en 2008 unos US$6.000 millones en productos electrónicos y llamó a pensar los beneficios de “producir eso acá”, por el “trabajo y las divisas que se generarían”. El impuesto a los productos tecnológicos de fabricación extranjera podría encarecerlos más de un 30%.

Se ve que la señora presidente no entiende que aca no tenemos el nivel de industrialización para producir los productos que importamos. De ultima se podrian ensamblar, pero no tenemos ese nivel de industrialización. Para que se logre eso, deveriamos recibir grandes inversiones de capital extranjero (las empresas no serian “nuestras”) y no creo que con la crisis financiera que hay se pueda invertir lo necesario para industrializar un  país. Además de que al tener las fabricas aquí y con las pocas leyes ambientales que hay.. ademas de crear productos de menor calidad estaríamos contaminando mas el ambiente (cada vez me da mas pena ver como contaminan la Isla 58 de Villa Regina). Para hacer esto primero tenemos que estar industrializados, tener leyes que cuiden mas el ambiente y tener la capacitación para aprender a fabricar esos productos.

Citando palabras de la presidenta:

“Imagínense si esos 6 mil millones de dólares se hubieran fabricado aquí en laptops, en celulares, PC de mesas. Cuánto trabajo y calificado para argentinos, y cuántas divisas”

Ahora voy a dejar el punto de vista teorico y paso al de una persona común. Acá no se va a producir lo que se produce afuera.. y una persona común, de clase media, como yo, que apenas puede comprar productos tecnológicos.. menos va a poder comprarlos si aumentan un 30%! Imagínense, un N95-4 saldría $5200, imagínense las Computadoras, Netbooks, Laptops. ¿Acaso la presidenta no esta pensando en lo que perjudica a la gente que vive de la tecnología? ¿Acaso cree que la industria nacional va a poder ensamblar (porque no se produce nada aca) producir productos como los del exterior?.

Ahora, lo que menos me preocupa es lo anterior.. lo que me preocupa a mi es el proyecto de ley del Canon. Si el partido que se encuentra en el poder presidencial actualmente acepta esta ley, la del Canon también seguramente, son dos impuestos a la tecnología, osea que todo lo tecnológico seria INACCESIBLE.

Les voy a pedir, que piensen un poco antes de votar en las próximas elecciones, piensen que a quienes votan van a elegir las leyes que se aprueban o no.

Organismos no gubernamentales de nuetro pais como Fundacion Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CEDHA), Pacto Verde por mencionar alguna de Tucuman, no dudan en afirmar que el derecho al ambiente sano que impone el art. 41 de la Constitucion Nacional es un derecho humano esencial.

El punto es saber si este derecho esta debidamente protegido en nuetra legislacion nacional, provincial y municipal. Y en caso de obtener una respuesta afirmativa verficar si es aplicada por la Administracion Publica y los jueces competentes para el caso.

Desde ya que si la proteccion es directamente proporcional a la profusion de normas ambiantales cualquier extranjero no dudaria en afirmar que los ciudadanos argentinos tienen leyes y decretos de sobra. Pero a poco que investigue se darà cuenta que entre ellas se contradicen, se superponen, y en el mejor de los casos, pasan al olvido.

Los hechos nos dicen lo contrario. Vivimos en regiones con indicens muy altos de contaminacion y al parecer son pocos los que se dan por enterados. La falla esta en el “enforcement”, en la aplicacion y cumplimiento de esas normas como bien lo señala Daniel Taillant en su obra “Derechos Humanos y Ambientes en la Republica Argentina”.

Ante esa falta de aplicacion es que el legislador nacional se ve obligado en la decada pasada a sancionar con el maximo rigor a quienes contaminan. Es que incluso el propio Estado habia dejado de ser garante de la dignidad humana.

Asi nace la ley 24.051 conocida como de Residuos Peligrosos y que contiene un capitulo penal con penas de prision tanto para los delitos ambientales dolos como los culposos.

A mas de quince años de aquella ley, hay muy pocas sentencias de condena dos en Tucumán – hay mas de mul causas iniciadas en todo el país por infringir los articulos 55 y 56 de mensionada ley nacional.

Y aqui los terminos cambian. Ya no hay una falla en el “enforcement”, hay impunidad. Porque no es que se ha dejado de contaminar, al contrario, en actividades industriales tales como la mineria los indices de contaminacion se han cuadruplicado.

¿Que falla? Déjenme ensayar algunas respuestas que afectan este marcado deficit.

1) El acceso a la justicia tiene obstaculos insalvables para la mayoria de la la poblacion. Por lo general no se sabe que existen delitos de contaminacion ambiental y en las periodicas conferencias que hacemos, encotrar caras de asombro ante la novedad. Hay que crear una verdadera idea de justiciabilidad posible ante estos hechos.

2) El Gobierno gravemente perjudicado por las inversiones que debe hacer en materia de salud publica para contrarrestar los efectos de la contaminacion asume tres conductas:

a) Hay veces que ignora el proceso penal cuando bien podria presentarse como querellante con el objeto de resarcirse por la perdida patrimonial que implica acrecentar el presupuesto de los hospitales.

b) Sus funcionarios evitan denunciar los delitos ambientales a pesar de que el articulo 277 del Codigo Penal reprime este tipo de conductas con penas de hasta tres años de prision.

c) Asume un rol complice autorizado expresamente la contaminacion en el orden provincial y municipal, con indices superiores a los permitidos en el orden federal e internacional aduciendo que estos delicuentes de “guante verde” ofrecen fuentes de trabajo que no pueden despreciarse. Es asi que proliferan resoluciones y planes de “produccion limpia” o de “reconversion industrial”, y si no fuera sufiente, visitan despachos judiciales abogando por los imputados y procesados.

3) Desde el Poder Judicial se suma que no son muchos los jueces federales que advierten la importancia que tienen este tipo de delitos. Por caso se privilegia la lucha contra el narcotrafico sin advertir el universo ciudadanos afectados por delitos ambientales es mucho mayor que una tendencia de estupefacientes prevista por la ley 23.737. Ello sin considerar las presiones a la que se somete un magistrado cuando atiende una causa donde esta en juego millones de pesos en inversion economica o la misma paz social como ocurre en el caso de las pasteras de Fray Bentos.

4) El deslinde de las competencias de casa juez sea federal o provincial paraliza el tramite y las pocas causas que se inician terminan declarandose la prescripcion de la accion penal.

En definitica y paragraseando lo dicho por la CONVECION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION para combatir la contaminacion ambiental es responsabilidad de los Estados la erradicacion de la impunidad. Para ello tenemoms que estar “decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, decatar, sancionar y erradicar la corrupcion…”

Extraido: El Interior, por Antonio Gustavo Gómez